No cabe
duda de la gran herramienta política que son las manifestaciones. Esta
posibilidad democrática reconocida constitucionalmente permite a los ciudadanos
expresar sus deseos y quejas, siendo un
instrumento bastante útil para que los gobernantes, los partidos políticos y
las instituciones detecten las inquietudes de parte de la población.
La
crisis que atravesamos actualmente ha sido un factor clave para la aparición de
movimientos ciudadanos que usan la calle como altavoz para sus
reivindicaciones. Las manifestaciones, marchas y concentraciones contra los
recortes, la corrupción o las leyes del Gobierno se han convertido en algo
habitual, y han venido acompañadas por su lado más oscuro: la violencia
antisistema.
Es
importante saber que para convocar una manifestación que se desarrolle en
lugares de tránsito público, previamente hay que comunicarlo a la autoridad
correspondiente (normalmente la Delegación del Gobierno) y esperar a que esta
autorice el evento. Una vez superado este trámite, se dispone del tiempo fijado
en la solicitud para manifestarse, debiendo desocupar la vía pública una vez
transcurrido el mismo. Es en ese instante en el que la manifestación pacífica
acaba y los vándalos entran en acción. De inmediato, los grupos antisistema y
la izquierda más radical y violenta comienzan una guerra contra el mobiliario
público, la policía y sobre todo, contra la ley.
Nuestra
defensa contra estos individuos son la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que arriesgan su integridad física e incluso su vida por asegurar el
cumplimiento de la ley y defender al ciudadano. Sin embargo, en vez de recibir
la gratitud y el respeto que merecen, son tratados como asesinos por algunos,
siendo señalados como los malos de la película. Policías que se ven rodeados
por la barbarie y que al más mínimo error, son crucificados y despreciados
públicamente. Pero aún más denigrante es ver como en las recientes Marchas por
la “Dignidad”, sus superiores les enviaron a repeler a los radicales sin
indicaciones, medios o recursos para hacerlo, con las nefastas consecuencias
que todos conocemos.
Conforme
se suceden las manifestaciones, seguimos acumulando policías y manifestantes
heridos, mobiliario urbano destrozado y cantidades cercanas al millón de euros
en destrozos, entre otras cosas. La cuestión que se plantea ahora es cómo
conseguir normalizar el derecho a la manifestación, evitando que se pisoteen
los derechos del resto de ciudadanos. Propuestas no faltan. Desde una ley que
regule el derecho a la manifestación hasta el “manifestódromo” propuesto por la
Alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Sinceramente,
creo que los ciudadanos somos la pieza fundamental para acabar con el problema.
Todos (pero en especial los manifestantes) debemos asimilar que cuando se
producen actos violentos, la manifestación pasa a un segundo plano, todas las
demandas expuestas en ella quedan apartadas del foco de atención, en el que se
posicionan los radicales. Por tanto, la sociedad en su conjunto debe rechazar
de forma abierta este tipo de comportamientos y, en consecuencia, aceptar,
comprender y respetar la labor de la Policía y la Guardia Civil como garantes
del orden público. A partir de ahí, se podrán establecer y aplicar las leyes o decisiones
que sean necesarias para regularizar las manifestaciones.
Si
queremos considerarnos un país civilizado, no podemos recurrir a la violencia
como herramienta política. La democracia nos ofrece otros medios para hacer las
cosas. Usémoslos.
Artículo escrito por Adrián Nicolás Doblas.
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