El conflicto de
Gibraltar es un asunto que a todos los españoles debería
resultarnos tremendamente molesto. No solo por la injusticia que se
cometió cuando lo perdimos y durante cada uno de los años en los
que no se nos ha devuelto, sino también por la desfachatez inglesa
de intentar cubrir con falsos velos de legalidad sus acciones en
torno al peñón.
Gibraltar pasó a
manos inglesas con la firma del Tratado de Utrecht en 1713. Fue el
resultado de un conflicto internacional provocado en 1702 por
Austria, Reino Unido, Prusia, Saboya, Portugal y las Provincias
Unidas, que no aceptaron que Carlos II eligiera como sucesor al trono
de España a Felipe de Anjou, miembro de la casa Borbón que también
gobernaba en Francia. Esta interferencia tenía como objetivo
entregar el poder al archiduque Carlos, perteneciente a la dinastía
de los Austrias, y evitar que la hegemonía de Francia y España
aumentase. El coste de esta guerra de sucesión para España fue
altísimo, pues la firma del tratado le supuso enormes pérdidas
territoriales (Sicilia, Cerdeña Nápoles, Flandes, Menorca,
Gibraltar etc.) y una guerra civil.
Desde entonces,
el Reino Unido se ha agarrado al tratado para mantener su dominio
sobre Gibraltar. Resulta curioso que de las cesiones territoriales
que obtuvieron en 1713 solo conserven Gibraltar. El resto, las
perdieron o fueron cedidas a otros países. Pero dejando esto al
margen, y centrándonos en los detalles del artículo X del tratado,
sale a relucir por qué es tan absurda la postura británica.
Llevan meses
exigiendo el control de las aguas que rodean el peñón, causando
diversos conflictos con los pescadores y las autoridades españolas,
aun sabiendo que el tratado tan solo les otorga soberanía sobre las
aguas del puerto de Gibraltar. Por si fuera poco, en tierra firme
también se saltaron parte de los acuerdos de Utrecht en 1938, cuando
construyeron un aeropuerto en una zona que no les pertenecía, puesto
que su territorio se limitaba al espacio ocupado por la ciudad, el
castillo y las edificaciones agregadas en 1704.
De igual manera,
se fijaba que España tendría prioridad para recuperar el territorio
cedido si Gran Bretaña intentara dar, vender o enajenar de cualquier
forma la propiedad de Gibraltar. Y el gobierno británico está
enajenado su colonia a la población del peñón. Primero, con la
constitución gibraltareña de 1969, y después, con ambiguas
concesiones y las reformas adheridas que contemplan el derecho a la
autodeterminación de los gibraltareños. Las Naciones Unidas
rechazan un Gibraltar independiente o en manos de un tercer país, y
además, tiene incluido al territorio en el Comité de
Descolonización, encargado de impulsar la descolonización de
territorios no autónomos administrados por potencias.
Por tanto,
teniendo en cuenta todo esto y aplicando el Derecho Internacional,
¿no debería recuperar España lo que le pertenece? ¿Por qué
debemos respetar un tratado que el Reino Unido no respeta?
Resulta evidente
que la posición estratégica del peñón lo convierte en un espacio
tremendamente valorado y de gran utilidad parar los británicos y en
consecuencia, no están dispuestos a renunciar a él. Nuestro país,
como dueño legítimo, debe insistir por todo los medios posibles y
emprender todas las acciones necesarias para forzar la devolución de
Gibraltar. Espero que los métodos empleados por Putin para
anexionarse Crimea no sean los únicos que den resultado en este tipo
de disputas, porque si es así, tenemos un problema grave y con
difícil solución.
Artículo escrito por Adrián Nicolás Doblas.
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