Desde
su comienzo, la experiencia republicana se alejó del consenso y del carácter
integrador necesario para levantar un régimen político que aspire a perdurar. El
gobierno provisional, aunque incluía a la derecha republicana, dejó fuera desde
un principio a monárquicos y católicos, con quienes no se contaría para la toma
de las grandes decisiones.
Las
reformas inmediatas acometidas por el gobierno provisional de la república
perjudicaron de manera directa a los propietarios agrarios, a la Iglesia y al Ejército, generando el recelo de estos
sectores. El mayor castigo lo sufriría la Iglesia católica, cuyo cardenal,
Segura, era un monárquico reconocido. Los grupos de izquierda iniciaron por
toda España la persecución de la Iglesia católica y sus miembros. La quema de
iglesias, conventos y colegios religiosos, entre otras muchas acciones
hostiles, fueron permitidas por el gobierno.
Sin
embargo, el mayor error residiría en el diseño de la Constitución. Las
elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 otorgaron a la coalición de
republicanos y socialistas casi el 90% del Parlamento. La derecha conservadora
y antirrepublicana, desorganizada, apenas logró 50 diputados. El resultado fue
una constitución republicana y laica, de marcado carácter socialista y
progresista. Se reconocían gran cantidad de derechos y libertades, el
matrimonio civil, el divorcio, la expropiación forzosa de la propiedad privada
o la nacionalización de ciertos sectores de la economía, entre otras cosas.
Además prohibía a las congregaciones religiosas ejercer la enseñanza, el
comercio y la industria.
Esta
Constitución, aprobada en diciembre de 1931, fue un ejercicio de sectarismo
político. Los ponentes no pusieron ningún interés en lograr un texto
constitucional que englobara todas las sensibilidades del país. No hubo
intención alguna de alcanzar el consenso con el resto de grupos políticos. En
consecuencia, fue rechazada por la derecha representada en las Cortes.
Esta
Constitución, aprobada en diciembre de 1931, fue un ejercicio de sectarismo
político. Los ponentes no pusieron ningún interés en lograr un texto
constitucional que englobara todas las sensibilidades del país. No hubo
intención alguna de alcanzar el consenso con el resto de grupos políticos. En
consecuencia, fue rechazada por la derecha representada en las Cortes. Por otro
lado, el exceso de poder del Presidente de la República dio como resultado una
gran inestabilidad política. La constitución otorgaba a este cargo la
posibilidad de disolver las Cortes en dos ocasiones, convocar elecciones y
nombrar y destituir al Presidente del Gobierno. En el contexto político tan
fragmentado en el que se desarrollaría la II República, los sucesivos
Presidentes abusarían de estos poderes.
Si a
todo esto añadimos el cambio de bandera e himno como signos de diferenciación
con la España anterior, resulta evidente afirmar que ya desde su propia
configuración, la II República puso las bases de su inestabilidad y su fracaso.
Artículo escrito por Adrián Nicolás Doblas.
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