Se acercan
meses de actividad continua en los partidos políticos. Con las elecciones
autonómicas y locales cada vez más cerca, en el seno de las formaciones se
comienza a diseñar las listas electorales y a elegir a los candidatos que
aspirarán a los principales cargos. El quebradero de cabeza que se están
encontrando los mandamases de partidos como PP y PSOE es qué hacer con los miembros
del partido imputados en casos de corrupción que aspiran a ir en las listas
electorales e incluso a ser candidatos a alcaldías o a Comunidades Autónomas.
En casi
todas las regiones de España se está planteando este problema. No es difícil
encontrar alguna ciudad o algún pueblo con casos de corrupción recientes en los
que estén implicados cargos públicos de mayor o menor importancia. Cada semana
que pasa, las listas de imputados de ciertos partidos políticos van aumentando,
y se han visto obligados a responder a esta situación, cosa complicada ya que
las limitaciones en algunos casos eran enormes. Tan enormes como, por ejemplo,
que esos imputados fuesen la cúpula del partido en la región.
Efectivamente,
alcaldes, líderes de partidos y altos cargos políticos se han visto señalados
por la justicia. Y claro, tomar medidas contra sí mismos es algo que no se les
pasa por la cabeza. Su gran argumento para agarrarse al cargo y justificar su
concurrencia en las próximas elecciones ha sido apelar a la presunción de
inocencia. Al grito de “Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo
contrario”, algunos políticos han anunciado que serán candidatos de nuevo en
los próximos comicios. De esta manera, los ciudadanos nos encontraremos listas
electorales con presuntos corruptos en ellas. Para intentar que el pueblo
olvide este hecho, la mayoría ya han empezado a recordar todo lo que ha hecho
por su pueblo/ciudad/comunidad, a presumir de logros y de carrera política y a
proclamar su honradez e integridad.
Desde
aquí, solo les puedo dar un consejo: dimitan. Cuando una persona es imputada
por un juez, se entiende que existen indicios suficientes de que puede haber
cometido un delito. Que un cargo público se vea en esta situación es motivo
suficiente para que abandone su cargo. No lo tiene que echar nadie, se tiene
que ir por vergüenza y por respeto a sus votantes y a todos los ciudadanos.
Permanecer en su puesto en estas circunstancias ya es bochornoso, pero tratar
de optar a la reelección es el colmo. No entiendo como los militantes de los
partidos no se levantan frente a esta situación. No entiendo cómo permiten presuntos
corruptos en sus listas. No entiendo cómo pueden apoyar a candidatos cuyo
nombre está manchado.
Tampoco
puedo comprender que, tal y como señalan las encuestas, estas personas vayan a
recibir millones de votos. Si los partidos se niegan a limpiarse desde dentro y
los ciudadanos no los castigamos en las urnas, jamás tendremos la regeneración
democrática que supuestamente tanto ansiamos.
Artículo escrito por Adrián Nicolás Doblas.
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