La sostenibilidad
económica del sector público es uno de los temas que más polémica está
generando desde que comenzó la crisis económica. Las cifras que van saliendo a
la luz ponen en evidencia la necesidad de tomar medidas en torno a este asunto,
aunque las posturas entre los partidos políticos y dentro de la propia sociedad
parecen ser distantes. Hace unos días, escuchaba en un debate la siguiente
afirmación: “España no tiene un problema de exceso de gasto, sino de escasez de
ingresos que financien las necesidades del Estado. Por tanto, hay que subir
impuestos y aumentar la recaudación para equilibrar las cuentas públicas”. Analicemos
con detalle el contenido de esta frase.
España
sí que tiene un problema de exceso de gasto. El déficit público fue, en 2014,
de un 5,5% del PIB, mientras que el gasto público se mantuvo en un 42,3% del
PIB. El creciente gasto social provocado por la crisis, las ineficiencias de
nuestros modelos de bienestar, de administración y de organización territorial
y el despilfarro de dinero público de los últimos años nos han llevado a cotas
de gasto desmedidas y, en consecuencia, al sobreendeudamiento público. Hasta el
estallido de la burbuja inmobiliaria, nuestro país había alimentado el gasto
gracias a las aportaciones a las arcas públicas del sector de la construcción,
evitando recurrir a la emisión masiva de deuda (cosa que sí ocurrió en Grecia,
por ejemplo). Por eso, la deuda pública era del 40% del PIB en 2008. Una vez en
recesión, el Estado recurrió a endeudarse sin límites en lugar de acometer las
reformas necesarias, lo que nos ha llevado al actual 98,1% de deuda sobre el
PIB. Esto no quiere decir que los niveles de ingresos sean adecuados, sino más
bien todo lo contrario: sufrimos una carencia importante de ingresos derivada
de la alta tasa de desempleo y las bajas tasas de recaudación.
Por
tanto, el escenario anteriormente descrito obliga a tomar medidas que atiendan
los inconvenientes más urgentes. ¿Recuperar los niveles de ingresos a base de subir
impuestos es una prioridad? Desde luego que no. El esfuerzo fiscal que soportan
los ciudadanos españoles es desorbitado. Cualquier subida de impuestos que se
realice en este contexto, sea al colectivo que sea, tendrá efectos devastadores.
Por mucho que se intente tapar, plantear subidas de impuestos que afecten
principalmente (pero no en exclusiva) a las rentas altas y a las empresas como
medida para aumentar los ingresos resulta contraproducente por dos motivos. En
primer lugar, la última subida de impuestos del Gobierno nos muestra que
aumentar la carga fiscal, además de ser perjudicial para el conjunto de la
economía y de privar al ciudadano de capacidad económica, no asegura niveles
óptimos de recaudación, sino que tiende a fomentar la economía sumergida y la
evasión fiscal (por ejemplo, España está a la cola de la Unión Europea en
ingresos obtenidos por el IVA, a pesar de la subida del tipo impositivo al
21%). En segundo lugar, y en contra de la percepción generalizada, el sistema
tributario español ya es tremendamente progresivo, pues un 20% de la población
(aquella con ingresos superiores a 33.000 € anuales) abona el 60% de la
recaudación del IRPF.
¿Y la
inversión pública? ¿Podemos reactivar la economía con dinero público? Tampoco.
Como ya he comentado en otros artículos, nuestros niveles de deuda pública
hacen inviable cualquier inversión. Tratar de reactivar la demanda es inviable
y, casi con seguridad, inútil, pues partimos de la base de que hay un desajuste
en la oferta que bloquea la mejora de la demanda (el mercado laboral y los
sectores productivos aún no se han reconfigurado para superar los desajustes
provocados por el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria).
Si
hablamos de prioridades, queda claro que lo primero que se debe hacer es dejar
de gastar lo que no tenemos para no seguir endeudándonos y, a la vez, poder
afrontar el pago de lo que ya debemos. El siguiente paso es mejorar los niveles
de recaudación luchando contra la economía sumergida y el fraude fiscal (y
bajando impuestos). A partir de ahí, habrá que eliminar las trabas y
limitaciones que impiden que nuestra economía sea capaz de regenerarse. El
Estado verá sus ingresos crecer en el momento en el que ponga las condiciones
para la recuperación de la actividad económica. Arrebatar el dinero a los
ciudadanos o endeudarse para acometer gastos poco productivos no son buenas
ideas para solventar la cuestión de los ingresos.
Artículo escrito por Adrián Nicolás Doblas.
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